JUAN MARÍA SEGURA

¿Para qué medimos aprendizajes?

Por Juan María Segura


El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante un nuevo Operativo de medición de aprendizajes en el sistema escolar argentino. Alcanzando a unas 4 mil escuelas de primaria de todo el país, tanto de gestión estatal como de gestión privada, se realizaron evaluaciones a unos 140 mil alumnos y alumnas de sexto grado con el objetivo de medir los aprendizajes alcanzados en las áreas de matemática y lengua. Como indica la página oficial del propio Ministerio, ‘…Aprender 2022 posibilitará conocer el grado de dominio que las y los estudiantes de nivel primario tienen sobre un recorte específico de contenidos y capacidades cognitivas de Lengua y Matemática durante su trayectoria escolar…’.

Jamás podría estar en contra de medir. Mensurar orienta, pues permite determinar una condición y un desvío versus un estándar u objetivo pretendido. Los datos que genera un dispositivo de medición, sea este un ecógrafo, un termómetro, una balanza o, para el caso, un dispositivo que se aplican en el sistema escolar para medir aprendizajes, ayudan a comprenden. Medir aumenta las posibilidades de que argumentemos con mayor precisión, y de que diseñemos con mas acierto. Medir nos alerta sobre desvíos, a veces antes de que los problemas sean irreparables, y nos ofrece la oportunidad de intervenir con acciones e instrumentos rectificadores. He sostenido públicamente este argumento y reclamo a viva voz en reiteradas oportunidades, así que celebro que se mida nuevamente, y que se intente descubrirle el contorno a los problemas que nos desvían de los objetivos trazados en el sistema escolar.

Sin embargo, sí estoy en contra de medir para luego no hacer mucho al respecto. O de medir para ‘sacarse el tema del encima’. O de medir inorgánicamente, sin políticas o prácticas que favorezcan en el largo plazo una disciplina de trabajo alimentada por los inputs (datos) de esa medición. O, peor aún, de utilizar la instancia inobjetable de medir aprendizajes para meter ‘otros temas políticos’ en el medio, útiles para el juego electoral de turno. Me opongo enérgicamente a estas prácticas o intenciones. Manipular o distorsionar la esencia y los fundamentos de la medición, en el tiempo, daña la creencia sobre su conveniencia, hiere la calidad de las argumentaciones y deteriora la efectividad de las intervenciones reparadoras.

La advertencia la realizo en relación a las resoluciones 423, 432 y 435, publicadas por el Consejo Federal de Educación entre abril y octubre de este año. En las partes en donde se habla de medición de aprendizajes, noto algunas inconsistencias. Es habitual encontrar estos vaivenes en la producción de legislación y normativa educativa, en general cuando cada oposición se transforma circunstancialmente en oficialismo. Sin embargo, la novedad en este caso es que es el mismo gobierno, el mismo ministro, el mismo equipo técnico y el mismo foro (el Consejo Federal, también con idéntica composición política) el que ha fabricado este zigzag normativo. Y la inconsistencia no está en los grandes lineamientos, que son medio obvios y consistentes, sino en los detalles. Siempre el problema se encuentra en los detalles. Veamos.

La resolución 423/22 (abril de 2022) es, a mi juicio, el lineamiento de política escolar federal que mejor transparenta las pretensiones y anhelos de quienes actualmente gerencian y gobiernan el sistema. Los ‘lineamientos estratégicos para la República Argentina 2022-2027 por una educación justa, democrática y de calidad’ están presentados con paciencia y emergen de un marco de diagnóstico con suficientes datos y referencias. Como articulado legislativo y guía de acción colectiva del sistema, es muy útil. En esta resolución se plantean 3 objetivos generales, y cada objetivo presenta un puñado de desafíos. Cada desafío posee su estrategia de abordaje, la aclaración del indicador que se utiliza para medirlo y las metas de ese indicador para los años 2023, 2025 y 2027. Una de las objeciones que formulé en su momento de esta política fue que el Operativo Aprender pasaba a tener una dimensión muestra y no censal. Un detalle que puede parecer pequeño, pero que, en la práctica, termina siendo clave para generar datos. Es más difícil matar o manipular un censo, que hacerlo con una muestra. Las muestras abren más el juego a la discrecionalidad del diseño de la misma muestra, y eso siempre es peligroso. Lo cierto es que, en la R 423/22, el Operativo Aprender pasa a tener una forma de implementación muestral, a pesar de mi queja.

La resolución 432/22 (agosto de 2022), que es la que establece la realización de este nuevo despliegue del Operativo Aprender en modalidad muestral señalado al inicio, alcanzando menos del 20% del sistema escolar, anticipa, curiosamente a mi juicio, que volveremos a ver mediciones de aprendizaje censales en 2023. O sea, tiene carácter premonitorio, prescindiendo del mandato de la resolución antes señalada, impulsada por el mismo grupo de autoridades tan solo 4 meses antes. Allí es donde empiezo a dudar o de mi capacidad de lectocomprensión (¿qué leí mal en su momento?), o de la capacidad técnica de quienes hacen política educativa. O, peor aún, de la intencionalidad política de quienes regulan el sistema educativo.

La resolución 435/22 (octubre de 2022) echa un poco de claridad sobre el desajuste anterior, presentando el ´plan nacional de evaluación educativa 2023-2024’. Hubiese imaginado a este ‘plan’ como una acción desprendida de los ‘lineamientos estratégicos’ de las resolución de abril, pero no lo es, pues en esta resolución el Operativo se plantea como censal, y en la anterior como muestral para el mismo año. ¿Quién tiene la razón? ¿A cuál deberíamos tomar como cierta o válida? ¿Dónde está la letra chica que justifica el cambio? ¿Cómo se deben leer, en consecuencia, esta y todas las resoluciones de esta órgano madre de cogobierno del sistema, que es el Consejo Federal?

Si bien celebro que se midan aprendizajes y que esa medición sea total y completa (es lo que indica el plan nacional de evaluación), me llena de dudas y preguntas este camino legislativo zigzagueante, esta costumbre de decir hoy A y mañana B, sin más. ¿Acaso nos debemos acostumbrar es esta forma incongruente de diseñar, regular y gobernar nuestras escuelas? ¿Acaso solo nos toca ser testigos pasivos de esta forma imperfecta, en el mejor de los casos, de crear normativa y corpus legislativo para el lugar en donde se cultiva el futuro de nuestra Nación?

Necesitamos datos en educación, y eso ya no se discute. Celebro esta nueva realización del Operativo Aprender, aunque sea en modalidad muestral. Pero eso solo no es suficiente. Necesitamos que esos datos en el tiempo, se transformen en mejoras de los aprendizajes. Necesitamos conectar la medición con la mejora. Para ello, también necesitamos crear una disciplina de trabajo coherente y consistente en el tiempo, para que esa forma de obtenerlos no esté sujeta a las tentaciones, manipulaciones y torpezas de los políticos de turno. Por más árido y tedioso que resulte este tema, la sociedad debe aprender a meter la nariz en el detalle de las leyes y regulaciones que producen los órganos de gobierno del sistema. Ese es el siguiente desafío.