La agenda del próximo ministro de Educación
Por Juan María Segura
Seguramente los debates de los candidatos presidenciales defraudaron a muchos, con independencia de las preferencias electorales. El formato fraccionado, un ping-pong sin chispa ni espontaneidad, escasos segundos para hablar de problemas complejos y presentar propuestas. Cero originalidad, una puesta en escena pensada más para consumir los bloques de tiempo sin pisar el palito que para debatir. Un diseño conservador, que cuidó más a los candidatos que a la ciudadanía. Una pena, me quedó sabor a poco. Y, por las repercusiones posteriores leídas en portales, redes y medios, veo que esto pasó a muchos.
El bloque específico de educación, ocurrido durante el primer debate, estuvo en sintonía con el acto todo. Lugares comunes, frases hechas, diagnósticos obvios, 2 o 3 ideas poco elaboradas, y ¡obstáculo sorteado! Massa queriendo subir el gasto en educación al 8% del PBI (y dale con la ideología del ‘más es mejor’), Bullrich prometiendo 190 días de clases que solo pueden garantizar las provincias, Schiaretti pidiendo a la Nación que no pise los fondos para las provincias (…), Bregman reclamando mejores condiciones salariales para los docentes (¿financiada con…?) y Milei hablando de su ministerio de Capital Humano y de ‘fabricar cañas de pescar’. Todo muy rápido, todo muy pobre.
Muchas veces he sido consultado sobre qué haría yo si fuese nombrado ministro de Educación de la Nación. Mi respuesta siempre es la misma: haría 2 cosas y solo 2. Primero, cerraría el Ministerio de Educación, luego presentaría mi renuncia. Esta respuesta, que inevitablemente despierta risas y alguna incomodidad, encierra un principio y se apoya en un entendimiento. El principio indica que la política educativa cuesta mucho, mucho dinero y, siendo esta Argentina un país pobre, no podemos darnos el lujo de malgastar ese dinero. O se utiliza bien, o no se utiliza (o se utiliza para otra cosa). El entendimiento, por su parte, indica que el diseño particular del sistema educativo argentino dejó a medio camino un proceso de descentralización hacia las provincias, y que este debe ser completado o revertido. Así, a medio camino, no resulta conveniente. En la actualidad el ministro de Educación de la Nación no gestiona en forma directa ni un solo alumno de ninguno de los niveles educativos en ninguna de sus modalidades. Si, así como lo lee.
En vez de pensar en gastar más recursos que el país no tiene (Massa), o en prometer acciones desde Nación que descansan normativamente en las jurisdicciones educativas provinciales (Bullrich), o en amagar con ideas que no tienen conexión alguna con la diseño del sistema educativo argentino (Milei), tal vez sea más útil ir por lo obvio y ejecutable desde el primer día de gestión: simplificar la estructura política, trasparentar el funcionamiento de los órganos de gobierno, y rendir cuentas para saber si el dinero público se debe seguir invirtiendo de tal manera en el área. Veamos las 3 acciones por separado.
Simplificar la estructura política. El Ministerio de Educación de la Nación debe abandonar la condición de burocracia mal diseñada y plagada de redundancias, y convertirse en una agencia de pensamiento prospectivo y estratégico para el Presidente. Órganos como el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación no tienen ninguna relevancia y deben ser eliminados por completo. Y estoy seguro de que como este, existen mucho otros. Basta con mirar la obscenidad del organigrama de este Ministerio para entender mi punto. Miles de empleados de planta permanente, miles de contratados que no se sabe lo que hacen ni dónde están, miles de millones de pesos dedicamos más para preservar el status quo de la política que para mejorar la calidad de los aprendizajes en el país. Hacer menos, pero hacerlo bien. Claro que proponer su desaparición es una provocación, pero es necesaria para poder mantener este debate en profundidad.
Trasparentar el funcionamiento de los órganos de gobierno. El Consejo Federal de Educción es el órgano más importante del sistema educativo argentino. Es una colegiatura con atribuciones legislativas, pues imponen normativa que luego se aplica a todo el sistema educativo. ¿Acaso no sería recomendable trasmitir en vivo las reuniones del Consejo, de la misma manera que se trasmiten (y graban) las plenarias de diputados y senadores? Las colegiaturas son órganos de toma de decisiones en donde se debate, se sopesan argumentos, en donde se busca el beneficio del conjunto por sobre la conveniencia de cada parte. Estoy seguro de que cada ciudadano desea ver de qué manera su propio ministro de educación provincial defiende y respeta sus particularidades y tradiciones. Mantener este o cualquier foro similar ‘apagado’ o de espaldas a la sociedad solo favorece pactos políticos de los que luego es sencillo tomar distancia.
Rendir cuentas. Uno de los lugares comunes del debate educativo argentino es el de la gratuidad. Nos jactamos de que nuestras escuelas y universidades públicas son gratuitas. Y no existe nada más alejado de la realidad. Mantener el circo del gasto público en educación en funcionamiento cuesta un dineral (¡us$27 mil millones aproximadamente!) del que nadie se hace responsable. En el caso de la educación superior, sin embargo, la ley es muy clara. El Estado nacional es quien garantiza el sostenimiento financiero de las instituciones universitarios nacionales teniendo en cuenta indicadores de eficiencia y equidad (artículo 58 de la Ley de Educción Superior #24.521). Aun cuando estas instituciones tengan autarquía y autonomía, solo tienen derecho a recibir el financiamiento anual si administran esos aportes con criterios de eficiencia. No debería ser tan complejo auditar la 67 instituciones universitarios nacionales (más las 5 recientemente creadas) alcanzadas por la ley que regula su funcionamiento.
Simplificar, transparente, rendir cuentas. Sencillo, al punto, sin estridencias.
En el actual estado de cosas, no hacen falta ni los vouchers, ni la robótica, ni más días de clases, ni más gasto, ni meter preso a nadie. Ni siquiera es necesario declarar a la educación un servicio esencial o eliminar el artículo de la Ley de Educación Nacional que impide mostrar los resultados de las evaluaciones de las escuelas. Esas declaraciones suenan lindas en campaña (para algunos), pero no mueven los engranajes del sistema educativo argentino en ninguna dirección.
Al próximo ministro de Educación de la Nación le sugiero que se deje persuadir por estas ideas sencillas, que permita que las provincias se ocupen de que alumnos y docentes se encuentren en el aula y, en vez, se enfoque en volver a las Bases: un Ministerio al servicio de la ciudadanía. Tal vez este accionar convenza a otros de obrar de igual forma, iniciando una reacción en cadena virtuosa que todos estamos deseando ver. Que linda oportunidad tiene la política para redimirse a partir del próximo cambio de gobierno, ¿la aprovechará?
