¿Es necesaria una nueva universidad?
Por Juan María Segura
Los anuncios realizados días pasados por las autoridades de gobierno de CABA sobre la reforma del sistema de enseñanza público de esa jurisdicción, en particular en lo referente a la formación y preparación de los docentes, en principio, me parecen orientados en la dirección adecuada. Además, no solo son consistentes con uno de los principios de la Declaración de Purmamarca de febrero de 2016, firmada por todos los ministros educativos del país ("...mejorar la formación inicial y continua de los docentes..."), sino que además están en sintonía con los cambios y adaptaciones que se están impulsando desde el INFOD a nivel nacional. La práctica docente adolece de problemas pedagógicos (teoría), didácticos (prácticas de aula) e instrumentales (integración de nuevos recursos al proceso de enseñanza-aprendizaje), con impacto negativo en el aprendizaje de niños y niñas. Por lo tanto, replantear la organización de los recursos públicos con el fin de lograr egresados docentes con más herramientas y mejores condiciones para enseñar me resulta acertado. Diría, hasta obvio. ¿Acaso alguien podría estar en desacuerdo con este principio?
No obstante, al igual que el debate de la nueva escuela secundaria del futuro de la misma jurisdicción, vuelvo a percibir algunas omisiones importantes en el proceso que lleva adelanta CABA desde esta cartera.
En primer lugar, nuevamente los anuncios no van acompañados con información detallada que permita a los expertos, medios y opinión publica en general hacer un juicio de valor mejor fundamentado sobre los méritos y deméritos de la propuesta. Los reclamos gremiales ahora, y los de padres y alumnos al momento de presentar la secundaria del futuro semanas atrás, son una consecuencia directa de esta forma de concebir e impulsar reformas. Por supuesto que la política siempre juega un partido aparte, así que es necesario separar los reclamos genuinos de participación, de aquellos que solo son estrategias político-partidarias mezquinas impulsadas solo para mostrarse combativos frente a sus grupos (cada vez más pequeños) de influencia. Política aparte, es importante que en este tipo de reformas estén consideradas una gran multiplicidad y variedad de voces y actores. La reforma gana en calidad, riqueza, contextualización, relevancia, aceptación y, finalmente, implementabilidad, cuando se gesta de esa manera, a través de un diálogo amplio, generoso, abierto y adecuadamente liderado desde el gobierno.
En segundo lugar, percibo (y espero estar equivocado) una mayor atención e interés por la figura del órgano certificador del proceso de formación docente (la “nueva universidad”), que por la cuestión del tipo de contenidos enseñados o impartidos. La discusión central y la principal política de Estado de CABA en esta materia debería ser la cuestión de los contenidos, y no tanto el lugar institucional en donde los mismos se adquieran. Me pregunto, por ello, si no existe una instancia intermedia, menos engorrosa, más económica y más fácil de implementar que la creación de una nueva universidad. ¿Realmente necesitamos una nueva universidad? ¿Acaso no es posible hacer funcionar bien los Institutos de formación y profesorados actuales? Una carrera no se jerarquiza por dictarse en tal o cual casa de estudios, ni por durar 2 o x años, sino por la relevancia de sus contenidos, la excelencia de sus maestros y el prestigio de sus egresados.
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con información suministrada por el Anuario de Estadísticas Universitarias de 2013 (el último que existe disponible), CABA centraliza el 34% de las instituciones universitarias del país, con 32 instituciones privadas, 8 públicas y 2 extranjeras. Es la jurisdicción educativa que más instituciones posee, muy por encima de las 30 de la Provincia de Buenos Aires, que es la que le sigue, y ni que hablar en comparación con las 8 de Córdoba, y 6 de Santa Fe y Mendoza. Hay 10 provincias en el país que solo poseen una sola institución universitaria pública y ninguna privada. Por lo tanto, creo que es bueno repensar el formato universitario institucional del país, aunque no estoy tan seguro de que en CABA sea condicionante la creación de una nueva universidad para llevar adelanta la reforma educativa en lo que se refiere a la formación de los docentes.
Adicionalmente, es importante recordar que para crear una universidad jurisdiccional se necesita una ley local que la aloje, así que supongo que el proyecto de creación de la nueva universidad también deberá sortear un proceso de discusión parlamentaria y de aprobación de dicha ley. Nuevamente, ¿no habrá una forma más práctica e inmediata de mejorar la calidad de la formación de los docentes? Me asusta un poco que, por pensar en grande, hablemos del 2023 como si fuese mañana. ¿Y mientras tanto? Me fuerzan a desconfiar, situación con la que me siento incómodo.
Así y todo, a pesar de la poca información y de las objeciones señaladas, recibo con buen animo los anuncios realizados por el Jefe de Gobierno y por su Ministra de Educación. Sin embargo, animo a que seamos prudentes, y a que no nos conformemos con el anuncio. Necesitamos más detalles, necesitamos conocer los matices y las particularidades de las ofertas académicas que allí se impartirán. Asumo que ya las han pensado, quisiera creer que existe algún borrador con los detalles de lo anunciado. Si es así, ¿no podremos interiorizarnos?
Un detalle no menor, en general pasado por alto: necesitamos conocer el camino crítico del acople en el tiempo entre lo que hoy existe y aquello que nace. En este tipo de reformas, las cláusulas transitorias y los decretos reglamentarios de las nuevas leyes son, tal vez, más importante que los principios mismos de las leyes, en general vagos, genéricos y aspiracionales.
Por último, resultaría un importante acto de madurez política recibir la garantía de parte de las autoridades del gobierno de CABA de que esta iniciativa no aumentará aún más la presión fiscal de los porteños.
Como se puede apreciar, lo anunciado días atrás no debería ser interpretado como la etapa final de un proceso de pensamiento político interno, sino el inicio de una conversación pública informada y transparente. ¡Conversemos!
