Por Juan María Segura
Finalmente se puede leer la resolución que retoma las evaluaciones del sistema escolar argentino. Se trata de la resolución del Consejo Federal de Educación número 396/21, publicada en julio de 2021. Una resolución que debe leerse en conjunto con la tercera recomendación publicada por el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, organismo creado por la actual administración y que asiste directamente al Ministro Trotta.
Lo publicado, a mi entender, permite mostrar las intenciones y habilidades de las autoridades del Palacio Sarmiento en toda su dimensión. Dicho en sencillo, Trotta finalmente mostró sus dientes, luego de meses de trabajo silencioso, de paciente diálogo con los gremios, y de gestionar consensos y principalmente disensos. Inclusive, luego de quedar mal parado frente a su propio Presidente en varias oportunidades por DNUs de último momento que contradecían sus afirmaciones. Trotta ya había logrado reemplazar al Acuerdo de Purmamarca de Macri-Bullrich (Feb/2016) por su propio Compromiso de Chapadmalal (feb/2020), y ahora estaría logrando erigir por encima del apreciado Operativo Aprender a un integral Plan Nacional de Evaluación. Toda una definición política.
La resolución 396/21, que trata sobre los detalles, alcances, instrumentos y cronogramas de evaluación de la educación escolar del período 2020 y 2021, debe ser leída con mucho detenimiento. Posee un escueto articulado, pero definiciones muy importantes en los considerandos de la resolución, y un grado de detalle en el propio Plan que figura en el anexo que merece alguna observación y reflexión.
Más allá de algunos aspectos notables en la redacción (por ejemplo, explicar por qué no se implementó algo, o consignar un mes como xxxx, aclarando que esa fecha depende de otras definiciones, o incluir en una nota técnica a pie de página indicando que el proceso de vacunación avanza a paso firme…), la normativa fija fecha de implementación de los operativos censales de medición de calidad de aprendizajes en lengua y matemática para la escuela primaria y secundaria, y de esta manera devuelve alivio a muchos. Esos datos, que por dictamen de este mismo Consejo habían sino discontinuados en el contexto de la pandemia, volverán a recolectarse en el grado 6 de la escuela primaria en diciembre de este año, y estarán disponibles para el sistema (y espero que también para la opinión pública) a partir de mayo 2022. Para la escuela secundaria lo mismo, pero todo un año más tarde, o sea que esos datos recién estarán disponibles en 2023 (año de elecciones, ¿le suena?).
Me dejan preocupado algunos aspectos. El primero está referido a los aprendizajes. El nuevo Plan se presenta con una objeción que se convierte en propósito y virtud del nuevo acuerdo, al indicar la pretensión de ‘…superar la reducción de la evaluación de la calidad educativa al aprendizaje y del aprendizaje al desempeño en pruebas estandarizadas…’. Se lo digo en sencillo, los resultados de los exámenes solo muestran una parte de la realidad, pero no toda, y no necesariamente la más importante. Una obviedad, sin dudas, pero que puesta en manos de una dirigencia política engañadora y ocultadora resulta sumamente peligrosa. Las evaluaciones sumativas, que son las que se utilizan para medir logros en los aprendizajes, son las que permiten a la sociedad verificar básicamente 2 cosas: si los recursos educativos de una comunidad se están distribuyendo de una manera satisfactoria, y si el derecho constitucional a aprender está siendo honrado por sus administradores y reguladores. Hay otros elementos que entran en juego, por supuesto, pero nada comparable con la calidad agregada de los aprendizajes. Nuestro país lleva casi tres décadas tomando el pulso al sistema educativo a través de las pruebas estandarizadas, y siempre ha encontrado artilugios regulatorios para tapar, distorsionar o menospreciar la importancia de los resultados de estas pruebas cuando daban mal. Llevamos 15 años conviviendo con el artículo 97 de la LEN, que impide conocer a las instituciones que miden mal en estas pruebas, e indudablemente eso no ha resultado útil para el debate educativo. ¿Acaso estaremos frente a un nuevo intento, aún más engorroso desde el punto de vista normativo, de minimizar el valor de las resultados de aprendizaje cuando estos no den bien? Me inquieta esta duda.
Otro tema que también me deja preocupado está vinculado a la complejidad y aparente sofisticación del Plan, principalmente vinculado con su financiamiento. Los 2 cuadros que sintetizan el Plan, tanto para la enseñanza primaria como para la secundaria, están plagados de nuestros instrumentos, intervenciones, pilotos, encuestas, censos y demás, tanto en formato de papel como en formato en línea, tanto obligatorios como opcionales. Cada ciclo de enseñanza con su aparatología específica, claro, en el afán de comprender no solo aspectos vinculados al aprendizaje, sino también a la enseñanza, a las trayectorias escolares y a la organización y funcionamiento del sistema escolar. Dimensiones todas válidas, quien podría refutarlo, pero completamente inconsistentes para ser gestionadas por un Estado carente de recursos, cuadros técnicos suficientes y capacidad de procesamiento de tal volumen de información. Este Plan así presentado, me animo a afirmarlo, sienta las bases de un mega Ministerio de Educación Nacional imposible de financiar. Es como si a una Pyme que vende pizzas y emplea solo a 4 personas se le ocurra crear un área de I+D. ¿Acaso a alguien se le ocurriría tal despropósito, un diseño tan descontextualizado? A veces no se trata de los instrumentos, sino del contexto. La normativa asfixia, lo sabemos, pero la mala normativa nos hunde. Este Plan, que luce bonito, me resulta un despropósito de diseño, y creo que solo está impulsado para realzar la importancia de los administradores del sistema por sobre los intereses y las urgencias de los aprendices y de sus familias.
Finalmente, y tal vez el aspecto que más me desvela, es el del rol que en esta resolución finalmente adquiere el ‘flamante’ Consejo Nacional de la Calidad de la Educación. Un Consejo que critiqué en su momento, y que ahora puedo verificar como opera: aportando un sello que prevalida la propuesta que el Ministerio de Educación de la Nación le presenta al Consejo Federal de Educación. Es un consejo del Consejo para el Consejo. No se ría, así está diseñado. El Consejo de la Calidad le emite una recomendación (consejo) a Trotta para que este llegue envalentonado al Consejo Federal con el Plan que ya tenía en mente cuando se inició toda esta escenificación. Claro que ello queda plasmado en los considerandos de la resolución de referencia, indicando que ‘…el Consejo Nacional de Calidad de la Educación ha elaborado la Recomendación N° 3 en la que “Los/as Consejeros/as acuerdan en apoyar el Plan en sus aspectos fundamentales” y se formulan recomendaciones que fueron tenidas en consideración…’. Dicho en sencillo, un sello. No está de más recordar que en el artículo 11 de la reglamentación de este Consejo se indica que ‘…Las recomendaciones conjuntas expresarán los acuerdos y consensos alcanzados, mientras los documentos individuales expresarán posiciones particulares no alcanzadas por estos consensos…’. ¿Acaso alguien tiene la ilusión de que alguno de los 35 miembros de este órgano redacte en algún momento una recomendación contraria al consenso de sus pares, y de que esta recomendación sea publicada en el sitio del Ministerio de Educación de la Nación? Permítanme dudar. Por eso digo, un sello.
Tal vez parte de lo que aquí expreso es fruto de mis pensamientos tortuosos, de mi propia ideología, o de mis frustraciones acumuladas. Tal vez todo lo es. Seguramente veo fantasmas en donde no los hay. Como me gustaría estar equivocado, como desearía que me cierren la boca los hechos, los datos, los aprendizajes. Como desearía…